Más de 272 mil estudiantes con gratuidad abandonaron sus carreras: costo fiscal llega a $1,6 billones

Entre 2016 y 2023, un total de 272.508 estudiantes que financiaron al menos un año de sus carreras con gratuidad abandonaron el sistema de educación superior en Chile, generando un costo fiscal estimado en $1,6 billones. Así lo detalló un reciente estudio elaborado por el centro Acción Educar.

El informe denominado "Análisis de la política de gratuidad en educación superior: evolución, déficits financieros y experiencia comparada", analizó el impacto del beneficio a casi una década de su implementación. De los más de 272 mil desertores detectados, 68.637 alumnos recibieron financiamiento estatal durante toda la duración nominal de sus planes de estudio, pero no lograron obtener su título.

Según los antecedentes recabados, el abandono académico mantiene una tendencia al alza. Mientras en 2016 se registraron 3.034 universitarios que dejaron sus estudios tras recibir el beneficio, la cifra escaló a 63.170 durante 2023.

Javiera Pavišić, investigadora de Acción Educar y autora del estudio, explicó que el abandono responde a múltiples factores, incluyendo motivos académicos, laborales o personales. Sin embargo, advirtió que el modelo actual también influye en las decisiones del alumnado. “Creemos que el diseño de la política de gratuidad también incide en los incentivos asociados a la permanencia, ya que el estudiante no asume directamente el costo financiero de los recursos públicos invertidos en su trayectoria”, señaló.

Impacto financiero en las instituciones

La investigación alertó paralelamente sobre las consecuencias económicas para las propias instituciones de educación superior. El diseño de la gratuidad, que establece un arancel regulado sin posibilidad de copago, genera déficits operativos en las entidades adscritas.

El documento estima que estos desbalances acumularán un monto de $1,85 billones para 2025. De esta cifra, casi un 70% es soportado por las universidades privadas. “Una consecuencia concreta es la dificultad para sostener la calidad. Las universidades privadas tienen menos mecanismos alternativos para compensar el déficit que genera la gratuidad y, al mismo tiempo, deben mantener una acreditación avanzada o de excelencia”, afirmó Pavišić.

Ante este escenario, el centro de estudios planteó cinco modificaciones estructurales. Entre las sugerencias destaca la creación de mecanismos de restitución de recursos por deserciones sin causa justificada, la revisión de la determinación de los aranceles regulados y la liberación de las restricciones al copago para los estudiantes pertenecientes a los deciles 7, 8 y 9.